democracia y política para el
	desarrollo sostenible en América Latina

La empresa y su desempeño en la sociedad

Eugenio Marulanda Gómez

Es grato para mí, desde Confecámaras, correr el telón del V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector orientando este preámbulo al análisis de lo público desde la perspectiva empresarial, con una incitación a reflexionar sobre el estado de la gobernabilidad en Iberoamérica y los factores generadores de su desestabilización, en su relación con el papel que ha desempeñado y está llamado a liderar el sector privado de la región.

En Latinoamérica la gobernabilidad se ha confundido con corrupción, compraventa de votos, inequidad e impunidad, lo cual ilegitima la posición de los gobiernos frente a la sociedad civil y la comunidad internacional.

La separación cada vez mayor entre el Estado y la sociedad civil ha fragmentado sus relaciones provocando la duplicidad de funciones, el distanciamiento entre los actores sociales, la exclusión de la población y el aumento de las desigualdades sociales y económicas. Por tanto, la relación y corresponsabilidad con el futuro de Iberoamérica es cuestión de todos los sectores sociales.

De otra parte, los empresarios han dejado lo público en manos de los políticos. Los empresarios tienen que interesarse por la política, por opciones políticas. No pueden seguir haciéndose la vista gorda, tienen que hacer política, y de la buena.

Con la apatía y la desidia colectiva dejamos que lo público se privatizara, que la política se volviera una actividad microempresarial electoral, que los presupuestos públicos se esfumaran casi siempre en manos de gentes corruptas y voraces.

La existencia de una crisis de las instituciones de representación política lleva inevitablemente a la falta de gobernabilidad en las democracias representativas y al reemplazo violento por regímenes autoritarios o por otros en los cuales las instituciones representativas dejan de asumir el papel político central. Hay que generar un nuevo liderazgo cultural. Hay que construir una comunidad nacional entre todos, hay que construir una nueva gobernabilidad que perdure y se fundamente en la democracia.

Para construir una nueva gobernabilidad que perdure es necesario, en primer lugar, que los órganos de decisión (poderes del Estado) y los actores políticos (partidos políticos) participen directamente en el proceso de decisiones y formulación de políticas donde la ciudadanía los advierta como sus legítimos representantes.

En segundo lugar, la gobernabilidad democrática requiere la existencia de canales institucionales que permitan satisfacer las demandas de participación social.

En tercer lugar, la gobernabilidad de la democracia depende en gran parte de la eficiencia de las políticas públicas y la conducción política. Finalmente, la gobernabilidad democrática supone y se legitima en la aceptación y concreción práctica de valores morales que le sirven de sustento, tales como la tolerancia y la no violencia, expresadas en la resolución pacífica de los conflictos, la libertad de pensamiento, la igualdad y la solidaridad, integrados estos conceptos en una cultura cívica democrática.

SINTOMAS DE LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD

En nuestro país el sistema democrático ha perdido legitimidad y ha llegado a ser ingobernable en parte por los cuestionamientos sobre la representatividad de las personas que ocupan cargos en los poderes del Estado y las percepciones negativas acerca de la eficacia de las políticas públicas que han llevado a perder el sentido de confianza en las instituciones y autoridades.

También se dan síntomas de desafección ciudadana hacia las instituciones políticas, tales como el aumento del abstencionismo electoral y la alta proporción de opiniones negativas acerca de la política y los políticos del país.

A ello hay que agregar que los partidos políticos enfrentan problemas para adaptarse al nuevo contexto económico, social y político. Sus dificultades para desarrollar programas y estrategias que recojan las nuevas demandas sociales y, en algunos casos, para llegar a acuerdos entre ellos que permitan establecer coaliciones estables han llevado a que un número creciente de votantes, es decir, ni militante ni simpatizante de un partido político, se retire de sus filas. Al mismo tiempo la ‘volatilidad’ electoral, es decir, el cambio de preferencias del electorado y la ausencia de responsabilidad electoral contribuyen a la crisis de gobernabilidad.

Una clara demostración de este aspecto se comprobó en la encuesta adelantada por Confecámaras, motivada por la preocupación acerca de la responsabilidad política de los ciudadanos y las causas de la ingobernabilidad.

Tan solo el 12.5% de los colombianos encuestados que se acercaron a las urnas recuerda por quién votó para la Cámara y el Senado. Otro 6% hizo uso responsable de su deber ciudadano por medio del voto en blanco. Del otro 81%, 38.9% no votó (es necesario aclarar que la encuesta se llevó a cabo en las 5 principales ciudades del país, donde el orden público no afectó el ejercicio electoral), el 7.7% no recuerda por quién votó para el Senado, el 15.20% no recuerda por quién votó para la Cámara y casi el 20% no recordó por quién había votado para estas corporaciones.

Es evidente la indiferencia electoral, que tiene diversas causas: la crisis institucional, la falta de formación ciudadana para la democracia y la falta de confianza en el Estado y en las instituciones.

En este punto se da un caso particular en Colombia: la Constitución nacional prevé innumerables canales de participación ciudadana y la existencia de una importante fuerza de participación (a pesar de repetidos hechos de frustración colectiva sobre los canales). Sin embargo, la efectividad de los canales y la capacidad del Estado para atender las movilizaciones ciudadanas es deficiente, lo cual causa una deformación en la participación social. Así los movimientos políticos tradicionales han sido hábiles para manipular los mecanismos en bien propio. Un ejemplo claro es el actual proceso que vive nuestro país: a la propuesta del gobierno nacional, retomada por algunos sectores, de un referendo constitucional para abordar la lucha contra la corrupción le han seguido numerosas manifestaciones políticas y propuestas de referendos participativos.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Para que la actual crisis no ponga en peligro a largo plazo la gobernabilidad y la supervivencia de la democracia y para que la ciudadanía no llegue a restarle importancia al que gobierne -porque no representan sus valores, aspiraciones e intereses, o porque son incapaces de satisfacerlos- se hace urgente estimular y consolidar la participación de todos los actores sociales y, entre ellos, a los individuos corporativos, o sea, los empresarios.

Entendiendo su competencia natural los empresarios deben abordar el rescate de lo público en tres frentes: la promoción de la eficiencia de las políticas públicas, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el rescate de los valores sociales.

La eficiencia de las políticas públicas es evaluada por los ciudadanos en general, con relación a la probidad de sus gobernantes y a su incidencia en lo económico y lo social. La democracia pierde legitimidad cuando la población percibe que la clase política antepone los intereses particulares al bien público, o cuando evalúa como ineficaces las políticas públicas para resolver los problemas que las afectan.

La primera razón se relaciona directamente con la falta de probidad y la corrupción política. Hay conciencia de que las denuncias y los casos comprobados de corrupción constituyen otro factor que afecta la legitimidad de los gobiernos. En la medida en que llevan al electorado la percepción de una corrupción que afecta a toda la clase política.

En cuanto a la corrupción los empresarios tienen un compromiso con el rescate de la ética en los negocios, responsabilidad que se multiplica para aquellos empresarios en relaciones comerciales con el Estado y, hay que decirlo, entre las mismas entidades del sector privado.

Al respecto Confecámaras, con la Fundación Corona, lidera hoy en día un programa sin precedentes en Latinoamérica: Probidad. Este programa busca comprometer a los empresarios que adelantan negocios con el Estado en la construcción de normas éticas, invitándolos a cooperar con la transparencia y a fomentar los mecanismos de vigilancia y control por parte de los actores comprometidos.

En el contexto iberoamericano la eficacia de las políticas se mide con relación a la disminución de la pobreza y la exclusión social, para ampliar las oportunidades y satisfacer los problemas concretos que afectan a la población en condiciones de igualdad y equidad. La causa directa del debilitamiento, cuando no de la crisis de la representación política y sus consiguientes dificultades para mantener los conflictos sociales dentro de los márgenes de la gobernabilidad democrática, es atribuida generalmente a la insatisfacción pública por el desempeño económico de los gobiernos.

Iberoamérica está urgida de empresarios que lideren una nueva concepción de riqueza, no entendida como la acelerada y desmedida acumulación, sino como la producción de bienes y servicios que sean útiles al desarrollo nacional para que de él se beneficien los miembros de la empresa y la comunidad en condiciones justas. Parte fundamental es la incorporación de una visión de largo plazo sobre las ganancias de las organizaciones empresariales.

En cuanto al fortalecimiento de la participación desde su realidad los empresarios deben trabajar por la estabilidad de la fuerza laboral, ofrecer mecanismos internos de participación en sus empresas, contribuir a la modernización del sindicalismo, participar en la formación de competencias laborales y ofrecer condiciones laborales dignas que permitan a los trabajadores esforzarse por su realización como ciudadanos.

Finalmente, aquellos valores como la tolerancia, la convivencia, la resolución de conflictos, la igualdad, la solidaridad y, en general, todos los valores que hacen posible la cohesión social, se deben promover al interior de las empresas y constituirse en escenarios propicios para lograr una sociedad civil organizada.

No se puede convalidar una juridicidad que es dudosa y mediocre. Hay que apuntar a la capacidad del Estado para que se convierta en árbitro de los conflictos del país.

Diariamente, cientos de conflictos se dirimen pacíficamente en los tribunales de los centros de Arbitraje y Conciliación de las cámaras de comercio; jóvenes de las áreas urbanas marginadas se benefician de los programas sociales que exploran lo más profundo de la realidad de sus localidades; cientos de multiplicadores se formaron en la Cátedra por la Paz que adelantó Confecámaras.

Las cámaras de comercio colombianas, incrustadas en la realidad regional, aportan decididamente a la construcción de espacios para la convivencia y el desarrollo económico. Desde esta tribuna Confecámaras convoca a la sociedad civil en torno a un propósito colectivo para lograr grandes acuerdos nacionales e internacionales para alcanzar la gobernabilidad estable en todos los Estados y la cooperación entre todas las organizaciones de la sociedad civil global, que permita avanzar en el desarrollo armónico y sostenible demandado por las naciones del orbe.

La empresa privada debe, hoy más que nunca, impulsar un liderazgo que le permita convertirse en un órgano activo, propositivo y fiscalizador de las políticas públicas y sociales.

Estado, empresa y comunidad pueden interactuar productivamente para lograr una relación gana - gana. Una sinergia en que la empresa contribuye con recursos, conocimiento, experiencia, etc. y recibe el reconocimiento de la comunidad, mejora su imagen y su posicionamiento en el mercado y compartir su responsabilidad con el Estado para garantizar unas condiciones de vida dignas de hombres y mujeres.

El empresario debe ir más allá del P y G, debe tener impacto en su entorno y en la comunidad donde se desempeña. Actualmente el papel de las empresas está pasando de la caridad, pasiva y paternalista, a la responsabilidad social, dinámica y proactiva. La relación es ahora más horizontal, de colaboración, lo cual genera muchos más compromisos a las dos partes, y a la vez, mejores resultados.

En el actual entorno económico, los empresarios deben reconocer en sí mismos el liderazgo social y no exclusivamente su liderazgo empresarial. Su liderazgo es vital para que los procesos políticos, económicos y sociales se den con la transparencia, efectividad y eficacia necesarias en los países iberoamericanos.

Ya no son viables las instituciones que piden y piden de un lado, y del otro las empresas que dan y dan. Ahora, Estado, empresas y comunidad deben perseguir objetivos claros y actuar unidas para lograr alianzas. Hoy no podemos hablar del papel de la empresa privada en la comunidad sin referirnos a alianzas y cooperación. Las empresas deben redefinir muchas de sus prácticas para responder a las expectativas de la sociedad.

Según los expertos, el factor que más incide de manera más negativa en el capital social de una Nación es la desconfianza. Por lo tanto, crear relaciones de confianza entre la empresa privada y la comunidad en general debe ser uno de los propósitos más importantes de las empresas.

La transparencia y la honestidad constituyen el primer paso para generar confianza. Es la capacidad de aceptar y afrontar lo que somos, para así empezar el cambio.

Exhortamos a los empresarios aquí presentes para no postergar más aquellas decisiones empresariales que propendan por un proceso de recuperación económica y social.

Rompamos el círculo vicioso. No dilatemos más decisiones propias del sector empresarial. A buscar nuevas oportunidades de expansión y crecimiento, a crear oportunidades, a abrir mercados, a enfrentar nuevos retos y a repensar un modelo económico con acento social y con sentido de la equidad.

A los empresarios les pedimos que enfoquen el rumbo, que tracen su norte, que se interesen por los temas institucionales. Hay que reinventar la organización institucional de Latinoamérica y con ella unas reglas de juego. La región necesita unas convenciones básicas. Requiere unas anclas éticas y de comportamiento.

Así como suena. Lo que Colombia e Iberoamérica necesitan son instituciones fuertes. Lo institucional debe comprometer el rescate de la ética pública, de la ética privada, el rescate de la política y todo un conjunto de reglas de juego.

No se trata solo del buen gobierno. Se trata de instituciones fuertes. Ahí está la debilidad de la sociedad colombiana.

E. Marulanda Gómez es presidente Ejecutivo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS. Miembro del Consejo Nacional de Paz. Autor de los libros Hacia una cultura de paz (1998), Colombia: País de paros, Los verdaderos costos de la apertura, Percibiendo la corrupción, Hacia la Reactivación Económica (1999). Ponencia en el V Encuentro Iberoamericano sobre el Tercer Sector, Colombia, junio 2000.

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