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Por decisión presidencial... abortarás con dolor
Experiencia en el Uruguay
Por Lilián Abracinskas
El 4 de mayo de 2004, el Poder Legislativo en Uruguay tuvo la oportunidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, garantizando condiciones para que todas las personas pudieran decidir con libertad y justicia sobre el ejercicio pleno de su sexualidad y el control de su capacidad reproductiva. Sin embargo en el Senado de la República no se contó con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva, un proyecto que saldaba varias deudas con la ciudadanía al promover la educación sexual, el acceso universal a métodos anticonceptivos y la posibilidad de abortar hasta las 12 semanas de gestación si la mujer así lo requiriera.
Un proyecto cuyo tránsito parlamentario fue acompañado de un debate público, sin precedentes, alcanzando un 63% de opinión pública posicionada a su favor. Entidades de la magnitud el Concejo Directivo Central de la Universidad de la República y del Sindicato Médico del Uruguay hicieron sus declaraciones apoyando el cambio de legislación. Personalidades del ámbito académico, profesional, deportivo, de distintas expresiones artísticas, de diversas edades, condiciones socio-económicas y culturales, avalaron con su firma el impulsar la aprobación del proyecto. Se constituyó una Coordinación de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Salud Reproductiva integrada por la Central Única de Trabajadores/as (PIT-CNT), grupos de derechos humanos, de afrodescendientes, de jóvenes, distintos grupos y expresiones religiosas y le más amplio espectro de organizaciones de mujeres y feministas. Uruguay tuvo todas las condiciones para que el cambio legislativo reflejase la voluntad de la mayoría de la población pero la inminencia del debate electoral hizo que muchos senadores que estaban a favor del proyecto de ley, finalmente votaran en contra.
El 31 de octubre de 2004 las elecciones nacionales arrojaron como resultado que el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría llegara al gobierno nacional, por primera vez en la historia del país. Más de la mitad del electorado apostó a las propuestas de cambio y de renovación anunciadas por esta fuerza política otorgándole la mayoría parlamentaria. En este nuevo escenario político se podía augurar que en el primer año de la nueva legislatura, uno de los primeros proyectos en aprobarse fuera el de Salud Reproductiva. Así fue expresado en la campaña electoral por varios exponentes que hoy ocupan cargos de gobierno. Se dijo en campaña electoral que era sólo cuestión de tiempo para que Uruguay procesara el tan esperado cambio de legislación. Un cambio cuyo impacto podría generar sinergias en el contexto latinoamericano y hacer frente a la influencia de las poderosas fuerzas fundamentalistas que operan atentando contra el derecho de las personas a decidir.
Sin embargo, cuando todo estaba dado, cuando el cambio era inminente, cuando las condiciones eran inmejorables, sucedió lo imponderable, lo que nadie había previsto, lo impensable: el nuevo presidente electo, el representante de las fuerzas progresistas por primera vez en el gobierno nacional anuncia que vetará cualquier proyecto de ley que pretenda despenalizar o legalizar el aborto. El Dr. Tabaré Vázquez desde su lugar de poder ha decidido que por razones éticas y filosóficas hará uso de sus potestades presidenciales par impedir que las mujeres accedan a servicios legales y seguros de aborto.
Facilitarles el acceso a la práctica del aborto significaría –según él- que las mujeres dejen de experimentar “el sufrimiento espiritual” que debe significar el aborto. Así el nuevo presidente uruguayo hace suyo el designio de “parirás con dolor” y agrega el de “abortarás con miedo”, como destino ineludible de las mujeres.
La decisión de vetar de Tabaré Vázquez es una decisión personal que no obedece a la posición mayoritaria de las fuerzas políticas de la coalición que lo llevó a la presidencia del país. No representa tampoco al 63% de la población que opina que hay que cambiar la legislación sobre aborto. El Dr. Vázquez declara en los medios de comunicación su decisión de vetar, a la salida de una reunión con el arzobispo de Montevideo, Monseñor Nicolás Cotugno, claro abanderado de la lucha contra la legalización del aborto y opositor al derecho de las personas de decidir libremente sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
La amenaza de veto presidencial cae sobre el Poder Legislativo cuando éste ni había decidido aún abordar un nuevo debate sobre le proyecto de ley. Un mensaje, a menos de 100 días de gobierno, que ha tenido cierto efecto de espada de Damocles sobre las personas que por primera vez desempeñan cargos de confianza política en la nueva administración. Una señal a la población que ha dejado perpleja a la mayoría y muy contenta a la minoría opositora al proyecto de ley, que no contaban con este inesperado “milagro”, cuando todas las evidencias indicaban un cambio legal inminente.
Quién dijo que todo está perdido
A pesar de los pesares, el clima entre la gente es de no todo está perdido. Ha quedado en evidencia que las estructuras partidarias de izquierda procesan de forma mucho más lenta los temas de la agenda social, tienen dificultades para confrontar posiciones y muchos de sus representantes no fijan dentro de sus prioridades políticas la defensa de los temas vinculados a la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos.
Las organizaciones que apoyaron el proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva han reafirmado su volunta de seguir adelante hasta conseguir su aprobación. Muchas personas e instituciones han levantado sus voces para defender y reivindicar la laicidad del estado uruguayo. Muchos legisladores/as buscan alternativas para lograr el cambio de la ley porque sostienen su compromiso de generar mejores condiciones para el ejercicio libre y responsable de los derechos humanos.
El aborto inseguro continúa siendo la principal causa independiente de muerte materna en el país y las más afectas con –sin duda- las mujeres de los sectores más pobres y vulnerables. La defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos es un imperativo ético para los gobiernos en tanto es responsabilidad de los Estados el garantizar las condiciones para su ejercicio sin discriminaciones. Así lo ha asumido Uruguay al firmar y reafirmar los compromisos en las Conferencias y al ratificar las Convenciones del Sistema de Naciones Unidas.
El respeto a la diversidad de creencias y la promoción de una convivencia democrática sin avasallamiento de posiciones hegemónicas de ningún tipo es un principio que orienta las acciones de las fuerzas democráticas. Los países que registran mejores indicadores en la defensa y respeto de los derechos humanos, han descriminalizado total o parcialmente el aborto. En los países donde continúa arraigado el concepto de aborto-delito y no se han modificado sus leyes o implementado servicios para su atención (muchos de los países de África, América Latina, algunos de los países islámicos), es en donde se concentran las cifras más altas de muerte de mujeres por abortos practicados en condiciones de riesgo y donde se registra la mayor influencia de las expresiones fundamentalistas de distintas religiones como la católica, musulmana, judía ortodoxa o islámica.
El concepto rígido de aborto-delito como marca ideológica impuesta hasta el siglo XVIII, ha venido siendo sustituido por concepciones jurídicas diversas tendientes a responder de forma más adecuada a una conducta indudablemente humana y persistente en las más diversas culturas. En el siglo XX se registra una creciente y progresiva descriminalización total o parcial del aborto voluntario, y todo parecería indicar, que esta tendencia se irá consolidando en el siglo XXI, en la medida que se amplíen y consoliden las bases democráticas de la convivencia humana.
El aborto pecado y su trasposición al derecho positivo como aborto delito-delito además de no dar cuenta de la realidad, ha resultado ser ineficaz en prevenir, desestimular y erradicar la práctica voluntaria del aborto. Al mismo tiempo que, ninguna ley se ha propuesto ni propone promover la práctica del aborto como una práctica obligatoria. Una ley para saber si es justa –de acuerdo al bioeticista norteamericano James Dream– debe averiguar que no garantice más daños que beneficios, debe considerar la ética social sin descuidar la ética individual y no debe confundirse o intentar convertir la ética individual en una ley justa. En el Uruguay sobre le tema del aborto se han ido alcanzando acuerdos, se han roto los círculos tradicionales de la discusión y se ha abierto el debate a la ciudadanía la que se informado, tiene posición y no acepta tan tranquilamente que le problema sea saldado con la imposición de un veto. De esta historia todavía queda mucho para contar.
L. Abracinskas, feminista, coordinadora de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) y Coordinadora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguimiento: mujeres por democracias, equidad y ciudadanía. Experta en género, salud y derechos sexuales y reproductivos. Fundadora de Cotidiano Mujer e integrante de su colectivo responsable hasta el año 2004. Publicado en nuestro sitio el 7 de noviembre de 2005. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.
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