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El doble rostro de la sociedad civil

Carlos Strasser

El elogio de las ONG, como naturalmente virtuosas, y la crítica de los partidos, como inevitablemente corruptos, impide una visión constructiva sobre ambos.

En la Argentina, como en un alto número de países, ha hecho eclosión en el último par de décadas una serie de respuestas sociales a las falencias manifiestas que vienen registrando el Estado, las instituciones políticas, la clase política y los partidos políticos. Integran dicha serie de respuestas el llamado "surgimiento de la sociedad civil", los "movimientos sociales" y las hoy ya famosas "organizaciones no gubernamentales", las ONG.

Para singularizar con las citadas ONG, empecemos por anotar que su acción ha sido notoria en materia de derechos humanos, libertades, transparencia, pobreza, y medio ambiente. Sin embargo, la experiencia más general de las mismas, englobando aquí a las mayores como a las menores que existen (y las hay muy muchas, tanto que se hace engorroso hasta clasificarlas), ha dejado un saldo en rigor triple.

De un lado, su éxito ha resultado evidente, por lo pronto, en "hacerse oír" en las esferas de Gobierno o, más ampliamente, en las públicas y las internacionales, así como en conseguir la incorporación en las agendas respectivas de un buen número de sus propuestas. No pocas ONG, incluso, son hoy sujetos ya obligados de consulta y participación en distintos órdenes para una serie de entes gubernamentales o intergubernamentales.

Por otro lado, en la práctica las mismas se han mostrado no sólo más transparentes sino —con mayor o menor alcance— eficaces y eficientes en una variedad de emprendimientos relativos a campos antes reservados a la intervención estatal pura, incluyendo los que ésta atendió en mala forma o simplemente mantuvo en el olvido.

Más indirectamente, ellas han servido asimismo para activar una conciencia y una iniciativa "públicas" en distintos sectores de poblaciones y ciudadanías últimamente cada vez más ensimismadas, si no excluídas, a causa de factores de sobra conocidos.

Con todo, y en tercer lugar, más allá de que no siempre se las hizo parte, ni mucho menos, de los diseños y las tomas de decisión "oficiales", dejándoseles, cuanto más, un papel en la implementación o el seguimiento y control de distintas políticas o acciones emprendidos por los Estados y/o los grandes organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID, y otros), también han presentado algunas limitaciones patentes.

En tal sentido, no pocas veces aparecieron o aparecen como entrampadas en las dificultades típicas de toda organización como tal, empezando por las más consabidas y finalmente "humanas". Un hecho más que normal, por tratarse de asociaciones de por sí voluntarias y en buena parte amateur; también, movidas por la pasión, ideológicamente determinadas, de un tamaño incomparable con el del Estado, sin recursos automáticos importantes como son los fiscales o aun los corporativos.

Por un segundo lado, algunas ONG han sabido quedar enredadas en los densos e inescapables entretejidos que bordan lo más naturalmente, sin interrupción, la economía, la política y los poderes; hasta clientelizadas o cooptadas por una u otra de estas grandes maquinarias. Y, por último, no está siempre claro ante quién res ponden, fuera de sus dadores de fondos y su propia dirigencia.

Los tres respectos señalados nos ofrecen una información y unos análisis ciertamente nutridos, pero no cierran la respuesta que uno debería procurarse, ni, tampoco, las discusiones en la materia.

Pongámoslo así: está muy claro que determinadas realidades del mundo contemporáneo requieren de una vez soluciones. Para no salir de lo fundamental, se impone, por ejemplo, achicar las flagrantes desigualdades existentes y conseguir libertades civiles, políticas y sociales reales para enormes números y contingentes de personas en la miseria, el desamparo o la indefensión; y, sobre su base o concomitantemente, ir alcanzando una democracia mayor y más general que la que hoy disponemos, en tantos sentidos limitada.

La pregunta última en la materia se "reduce" a saber dónde está la sede y quién ha de ser el agente de los cambios que se demandan: poniendo lo internacional y global aparte, si el Estado, el mercado, o la sociedad civil.

El problema no es sencillo y no extrañará que exista un debate arduo. Los mismos partidarios más fervorosos y activos de mayores igualdad y democracia polemizan entre sí. En todo caso, coinciden únicamente en que no puede esperarse una solución del lado del mercado. En éste es de rigor la competencia y triunfan, por regla, tan sólo los más fuertes.

Descartado el mercado, aparecen pues la opción entre la posibilidad del Estado y la de la sociedad civil y la tensión existente entre ambos. Ahora, lo que hay es que las mismas implican no una sino dos dimensiones. La primera responde a la naturaleza de cada cual. La segunda, a la situación en que cada cual se encuentra.

Contra el Estado puede exponerse que —sobre todo en los países periféricos— desde hace rato se lo ve empobrecido en sus diferentes recursos y capacidades, por tanto apreciablemente disfuncional, y (pero) siempre el condensador de una sociedad de clases, desigualitaria, a la que no nivela tanto como contribuye a reproducir, aun si lo hace de maneras que van "actualizándose" sobre la marcha de la evolución histórica. Es de ahí mismo que resulta, al fin de cuentas, el reciente surgimiento más "público" de la sociedad civil.

Sociedad civil que también, antes y al margen de ello, ya ha venido creciendo, y asimismo pluralizándose y/o fragmentándose, así como tornado más y más vigorosa e "independiente", siquiera por sectores. Se explica, pues, que sea desde ella que tiendan en el presente a cubrirse como por reflejo las falencias e inacciones del Estado en términos de lo que se asume por principio es el papel propio de éste.

El caso es, empero, que la citada defección del Estado es la del —sin embargo, todavía— titular más legítimo de la producción de un buen orden social; es decir, la del único agente que, en tanto realizado él mismo en términos de su "idea" (si alguna vez lo está o fuese a estarlo de verdad), por naturaleza o esencia tiene la misión y la posibilidad de trascender los intereses de los individuos y los sectores o las clases, y de lograr el bien común a todos.

Pues, precisamente, contra la sociedad civil corresponde argüir que su misma naturaleza, su consistir en intereses, individuos, grupos, sectores, clases diferentes, resulta de suyo contradictoria a un tal propósito; lo que se dice "una contradicción en los términos". Y esto, más allá de que al momento sea capaz de representar, en defecto del Estado (por unos u otros actores y vías, aquí o allá) los no menos legítimos derechos de autonomía y autosatisfacción a que aspiran las personas y los distintos colectivos sociales.

En síntesis, el actual es entonces un cuadro en el que, en clave de su situación o realidad, la sociedad civil (ONG incluidas) está llevada y asimismo justificada, no ya —ni sólo— a vigilar al Estado, sino a acompañarlo y hasta sustituirlo subsidiariamente en todo aquello de su interés legítimo a cuyo respecto él se halla en una falta al parecer sin remedio; sin remedio, al menos, como el inmediato que se precisa en una u otra relación de las tantas que duelen y urgen social y políticamente. En la otra clave, no obstante, la de naturaleza, "está cantado" que la misma sociedad civil no llegará sino y cuanto más muy específica y ocasionalmente a suplir de manera cabal, o en plenitud, la capacidad que es, en principio, esperable más bien del lado estatal.

En suma, que bien puede darse la bienvenida a la actividad "pública" de la sociedad civil y las ONG, pero el Estado, y los partidos políticos (que son los postulantes para gobernarlo), son en principio irreemplazables. De donde resulta asimismo fundamental e imperativo el más decidido empeño, no tanto en sustituirlos, sino en rescatarlos a ambos —Estado y partidos— de su presente tan lamentable y lamentado. Está claro: la sociedad y el bien común son los primeros que requieren de ellos. Sólo que, naturalmente, "en forma" y más legítimos. De todos modos, por lo pronto tengamos las cosas en claro. Y cuidado con ciertas exageraciones o idealizaciones, no siempre gratuitas.

C. Strasser es politólogo, investigador principal de FLACSO-Conicet en Argentina. Publicado en Clarín, Buenos Aires, 7 octubre 2002. El artículo se reproduce únicamente con fines informativos.

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