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Minería, conflicto social e iglesia en Perú
Por Javier Diez Canseco
Algunos sectores empresariales
pretenden quejarse al Papa en el Vaticano, por el acompañamiento y apoyo
que algunos sacerdotes y obispos han dado y dan a comunidades campesinas,
ronderos y pueblos rurales, en las controversias que mantienen con las
grandes empresas mineras que contaminan el agua y alteran el
medioambiente. Esta actitud de algunos grandes empresarios revela
ignorancia, pues deberían acudir a la Conferencia Episcopal Peruana
(sección quejas), pero –sobre todo– evidencia una anacrónica intolerancia,
que no ayuda a solucionar los conflictos sociales, y un tremendo
oportunismo. Y es que los sectores de la Iglesia Católica que son blanco
de una feroz y turbia campaña de ataques habrían cometido el “pecado” de
defender los legítimos derechos de las comunidades y campesinos,
amenazados en su actividad agrícola y ganadera por la contaminación
ambiental. Los grandes mineros revelan que no toleran el más mínimo
cuestionamiento y que todo el que no acate sus deseos y caprichos se
convierte en su enemigo mortal. Ese comportamiento gamonal –de algunos
empresarios– de pretenderse intocables, por encima de la Ley y la crítica,
es algo que debemos rechazar.
Lo cierto es que las tensiones y conflictos sociales se están
multiplicando a lo largo y ancho del país. La creciente frustración y
desesperanza de la población ante el deterioro de su bienestar, la
inatención a sus demandas y la falta de oportunidades, alimentan el
proceso. Los 15 años de políticas neoliberales de Fujimori y Montesinos,
continuadas por Toledo, no han generado la prosperidad y justicia social
que el país reclama. El crecimiento económico sólo ha beneficiado a
sectores aislados de privilegiados, mientras la enorme mayoría de la
población sigue igual de pobre y excluida que en el pasado, si no más.
Entre el 2001 y el 2004 el número de los pobres aumentó en casi 380 mil
personas adicionales. El producto del país creció, pero los niveles de
ingresos y el gasto real de las familias están estancados y el porcentaje
de los peruanos que padecen de mala alimentación se incrementó de 33% a
35%. La famosa teoría del “chorreo” –según la cual hay que dar toda clase
de privilegios y favores a los más ricos, haciéndolos más ricos, para que
en el futuro algo de su riqueza les “chorree” a los más pobres– no ha
funcionado ni funcionara. Es por ello, hora de dar un cambio de rumbo.
El año 2000, el país se movilizó para poner fin al régimen dictatorial y
corrupto del fujimontesinismo. No sólo estaba impulsado por la
indignación, sino también por la esperanza de que un mañana mejor sea
posible para todos los peruanos. Toledo en estos años de desgobierno, ha
logrado con su frivolidad, irresponsabilidad e incompetencia, matar mucha
de esa esperanza, dejándole al pueblo sólo la rabia y la frustración ante
un sistema político que no funciona. Ello alimenta el enfrentamiento
social y las tentaciones violentistas, poniendo en riesgo la transición
democrática tan trabajosamente lograda.
No permitamos que la democracia se pierda. No aceptemos que los reclamos
sociales se conviertan en asuntos policiales y se les responda con
represión. No aceptemos que los curas que acompañan al pueblo sean
insultados y perseguidos. Es necesario resolver los problemas sociales,
que todos los sectores políticos y sociales nos esforcemos en alcanzar
algún grado de consenso que garantice la estabilidad de nuestro país y un
compromiso para establecer políticas de Estado que atiendan los justos
reclamos y necesidades de la ciudadanía. Por ello, los gremios
empresariales deben reflexionar sobre su papel y sobre su propia
responsabilidad en la generación de conflictos sociales. No pueden seguir
con esa absurda actitud de ir dando palos de ciego buscando el
enfrentamiento y la represión. Es hora de parar con la caza de brujas y
buscar con una actitud abierta y constructiva el diálogo para alcanzar
acuerdos con la población que realmente signifiquen justicia y beneficio
mutuo.
Las actividades extractivas –como la minería– no pueden pretender seguir
operando y enriqueciéndose a espaldas del país, incumpliendo con el pago
de las regalías mineras, aprovechándose de privilegios tributarios,
afectando el medioambiente y haciendo oídos sordos a los legítimos
reclamos de la población. La salida a la actual zozobra social tiene que
ser basada en la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos de los
pueblos. Ello es algo que todos los peruanos tenemos que apoyar y
defender.
J.
Diez Canseco es Congresista de Perú. Publicado en Diario Regional
(Huanuco), Agosto de 2005. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con
fines informativos y educativos.
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