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Declaración de Redes de ONGs
Reunión de Redes de la Sociedad civil
de América Latina y el Caribe Rio de Janeiro, 20 octubre de 2001
Los representantes de las Redes de Organizaciones no Gubernamentales de América Latina y el Caribe, en su reunión regional, previa a la Conferencia Preparatoria de los Gobiernos de América Latina, para la Cumbre de Johannesburgo 2002 sobre Desarrollo Sostenible, declaran que: Reconocen la vigencia de los principios y objetivos de la Declaración de Rió, y la Agenda 21 para implementar el Desarrollo Sustentable. Pero constatan de que a pesar que los gobiernos han asumido los objetivos del desarrollo Sustentable en el discurso, en la practica hay retrocesos en la implementación de políticas para el logro de la equidad social y la sustentabilidad ambiental en nuestra región y a nivel mundial. El incumplimiento de los compromisos de Rió ha agravado la crisis socioambiental; ha elevado los niveles de vulnerabilidad e incertidumbre y ha generado mayor fragilidad de la democracia en el planeta. Simultáneamente, la creciente globalización económica y expansión de los mercados se ha dado bajo condiciones que atentan contra los principios e implementación del desarrollo sustentable. En el plano Socioeconómico, la pobreza y la inequidad en la distribución del ingreso, continúan siendo un indicador de creciente insustentabilidad social. El aumento del desempleo de 5.8% a 8,5% en el sector formal en la ultima década, además de la informalidad de más del 50% de la población activa y del aumento de la precariedad del empleo dificultan un mejoramiento de la situación. La creciente marginalidad social, que polariza a las sociedades, amenaza la convivencia social y genera violencia y vulnerabilidad. El aumento de las desigualdades y de la pobreza atentan contra la sustentabilidad. El volumen creciente y insostenible de la deuda externa de muchos países de la región se ha convertido en un obstáculo insalvable para implementar el desarrollo humano. Los desafíos para una sana convivencia regional y mundial requieren la apertura de un dialogo amplio y de nuevos espacios de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre desarrollo. En el plano político, el actual modelo de desarrollo, caracterizado por una globalización excluyente y la aplicación de un modelo político neoliberal, no ha garantizado ni puede garantizar el desarrollo sustentable, pues ha provocado una mayor fragilidad institucional y autonomía de los estados nacionales y de los actuales modelos de gobernabilidad. Revertir esta situación requiere la concretar una democracia participativa que permita la integración de la sociedad civil en el diseño, la planificación, la ejecución y el control social de los proyectos, programas y políticas de desarrollo local, nacional y internacional. Adicionalmente, reafirmamos la necesidad de reactivar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Agenda 21, tales como los consejos nacionales de desarrollo sustentable abiertos a una participación más amplia, los consejos nacionales y locales del ambiente y otras instancias de concertación social para la implementación del desarrollo sustentable. En el plano ambiental, la aceleración del proceso de globalización económica continua agravando el deterioro de los componentes ambientales básicos del planeta. Esto genera la creciente perdida de la calidad de vida y la vulnerabilidad creciente de las poblaciones rurales y urbanas, situación que se agudiza en los sectores más pobres y en las comunidades agrícolas, que se enfrentan a condiciones cada vez más difíciles para mantener los procesos agrícolas y la reproducción de los ecosistemas naturales. Los gobiernos deben concretar urgentemente un conjunto de acciones concertadas que posibiliten rescatar, preservar y mantener los equilibrios que posibilitan la continuidad de la vida en el planeta. Estos desafíos exigen fortalecer mecanismos de decisión consensuados entre gobiernos y la sociedad civil para disponer los recursos que permitan concretar la sustentabilidad ambiental. Biodiversidad La biodiversidad es la base del equilibrio ecológico del planeta. Nuestros gobiernos deben reconocer la conservación de la diversidad biológica como un aspecto integral del desarrollo sustentable y de la planificación del desarrollo regional y nacional, así como del mantenimiento de la diversidad étnica y cultural. Deben por ello garantizar los derechos de las comunidades a sus territorios y al aprovechamiento de la biodiversidad y desarrollar medidas efectivas para la protección y fomento de sus culturas tradicionales. Así mismo deben vincular las políticas de conservación de la biodiversidad con las de superación de la pobreza de los pueblos indígenas y comunidades locales, especialmente aquellas que viven al rededor de áreas protegidas y en zonas ricas en biodiversidad, a través del usos sustentable de los recursos. Rechazamos los derechos de propiedad intelectual sobre seres vivos y apoyamos la protección de los derechos intelectuales colectivos de las comunidades locales y nacionales, y su capacidad de innovación. Exigimos aplicar el principio precautorio, para evitar la producción, importación, siembra y consumo de organismos transgénicos, que provocan contaminación genética, amenazan la economía campesina y atentan contra la soberanía y la seguridad alimentaria. Bosques En la ultima década, la cobertura boscosa de la región ha disminuido significativamente, debido a condiciones estructurales y a la aplicación de políticas publicas que incentivan el avance desordenado de la frontera agrícola y de los monocultivos promovidos por organismos multilaterales y por las grandes empresas. Exigimos a nuestros gobiernos adoptar el concepto de ecosistemas productivos en las políticas agro-forestales y promover instrumentos de ordenamiento territorial para el uso, manejo y conservación de los bosques compatible con la vocación de los ecosistemas. Demandamos la implementación de políticas publicas que combatan las causas subyacentes de la deforestación, tales como: marcos regulatorios inapropriados, subsidios fiscales a monocultivos forestales y políticas de comercio y inversión. Al mismo tiempo, alertamos sobre los riesgos que implica la inclusión de las plantaciones en los Mecanismos de Desarrollo Limpio para la conservación de los bosques y de la biodiversidad. Llamamos a la FAO a crear un grupo de trabajo conjunto con la sociedad civil para revisar sus definiciones y políticas en materia forestal. Cambio Climático El cambio climático es producto y consecuencia de un modelo de desarrollo basado en padrones de producción y consumo que generan inequidad social y grandes impactos socio ambientales. Constatamos, casi 10 años después, que las emisiones de gases del efecto invernadero se han incrementado, profundizando la crisis ambiental global. Exigimos a los gobiernos, empresas y organismos financieros excluir de la política energética la construcción de grandes represas, centrales nucleares y otros megaproyectos insustentables y generar recursos financieros para proyectos reorientar la política energética hacia los renovables no contaminantes, la descentralización energética y el abastecimiento de la población. Asimismo, armonizar los compromisos para la protección del clima con los de protección de la biodiversidad, lucha contra desertificación, etc y restaurar ecosistemas degradados o en peligro por el cambio climático, especialmente en los países insulares de nuestra región. Globalización y Comercio Constatamos que existe una grande contradicción entre la expansión comercial y el logro del desarrollo sustentable, lo que ha empeorado las condiciones socio ambientales en la región y restringido las democracias. El logro del desarrollo sustentable debe ser el imperativo bajo el cual se negocian los acuerdos de comercio y inversión. Asimismo debe establecerse la preeminencia de los Acuerdos Ambientales Multilaterales y otras convenciones regionales e internacionales que permitan internalizar los costos sociales y ambientales. Estas condiciones requieren reformar profundamente el actual sistema internacional de comercio liderado por la OMC. Demandamos a nuestros gobiernos establecer mecanismos democráticos para evaluar los impacto, previamente a los acuerdos de comercio e inversión, y asegurar condiciones de negociación y acuerdos que resguarden la justicia social, la sustentabilidad ambiental, y generen beneficios para la población. Financiamiento Concretar el desarrollo sustentable al nivel planetario requiere una nueva arquitectura financiera internacional que contemple la reorientación de las políticas de los bancos multilaterales hacia objetivos de solución de la pobreza y protección del medio ambiente. Entre dichas políticas, debe establecerse un impuesto a las operaciones financieras especulativas, el control del flujo de capital y la renegociación de la deuda de los países en desarrollo. Constatamos de que a pesar de que en la reunión de Río-92 los países desarrollados se comprometieran a destinar un 0.7% del PIB para financiar al desarrollo sustentable, ello no se ha concretado, y que en nuestra región las inversiones en el área ambiental no superan el 0.1% del PIB, llamamos a dichos gobiernos a concretar su compromiso, y a los nuestros mayor voluntad política para reorientar la política económica, incluyendo impuestos y subsidios a la internalización de los costos ambientales y el mejoramiento de la regulación, fiscalización y institucionalidad ambiental. Finalmente, recomendamos una profunda evaluación de los fondos mundiales para el medio ambiente, con el objetivo de reformular los mecanismos de acceso a estos por parte de los gobiernos y de la sociedad civil, como asimismo su eficacia para solucionar los problemas socio ambientales y acercar las decisiones a las realidades locales. Especial énfasis debe darse a la generación de capacidades locales y a financiamiento de agendas locales de sustentabilidad. Vulnerabilidad Las principales causas de la vulnerabilidad en nuestra región se deben a políticas y practicas inadecuadas de desarrollo. La persistencia de la pobreza y de la inequidad social en la región de América Latina y Caribe es el principal factor de vulnerabilidad social, política y ambiental. La exclusión social, el deterioro de los ecosistemas, los desastres naturales, requieren acciones coordenadas y conjuntas a nivel nacional y regional. Demandamos de nuestros gobiernos a responder con urgencia con políticas integrales para dar respuesta a los problemas de pobreza y exclusión económica, política y social, y a promover el desarrollo de las capacidades locales y nacionales para el logro de estos objetivos. Asimismo, nuestros gobiernos deben garantizar el fomento, permanencia y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las comunidades locales y nacionales y priorizar un enfoque precautorio en la evaluación de riesgos sociales y ambientales. Tomado de la Edición 66 Revista Ecotopía, publicación de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), San Salvador, El Salvador. |
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