Ante los sucesivos fracasos de los arreglos de la deuda externa y ante la poca efectividad de posiciones discursivas inmovilistas, se consolida la idea de un Tribunal Internacional de Deudas Soberanas, para -en un proceso justo y transparente, con participación ciudadana- enfrentar el sobreendeudamiento. Esto implica establecer un sistema sustentado en la lógica del estado de derecho, en la aceptación de la corresponsabilidad de los acreedores y en principios de justicia que eviten el empobrecimiento masivo, como acontece en la actualidad.

Paso previo para una solución definitiva, en la que se podría prever un arbitraje, será la realización de auditorias para anular las deudas ilegales e ilegítimas, empezando por aquellas deudas odiosas contratadas por las dictaduras. Mientras que para el servicio de aquella deuda negociada en condiciones de legitimidad, habrá que establecer parámetros claros en términos fiscales y comerciales, así como cláusulas de contingencia positivas, para que su servicio no afecte las inversiones sociales y tampoco merme su capacidad de ahorro interno. Aquí surge la necesidad de una nueva condicionalidad en torno a los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En paralelo se precisa un nuevo y mejor sistema monetario y financiero internacional, lo que no se resuelve con una reforma interna de instituciones como el FMI y el mismo Banco Mundial. Estos organismos, en tanto instrumento de los acreedores, deben ser repensados y rearmados íntegramente desde foros con legitimidad democrática. Un nuevo sistema de ordenamiento y control financiero internacional, que combata los flujos financieros especulativos y elimine los paraísos fiscales, debe rendirle cuentas a Naciones Unidas. Y toda esta nueva estructura, que incluirá el mencionado tribunal, precisa un código financiero internacional.